Debates. Politica Europea

España: el abandono del federalismo

Desde hace varios años los principios federales no han tenido cabida en la política española. El Estado se encuentra a medio camino entre un estado regional, de descentralización administrativa, y un estado federal.

Las regiones españolas (Comunidades Autónomas) disfrutan de una capacidad de autogobierno y unos presupuestos muy elevados, superiores a algunas regiones federales. Su gasto supone más de una tercera parte de los gastos de las administraciones españolas, y eso sin considerar que el Estado se queda con defensa.

Fundamentalmente existen cuatro aspectos en los cuales se demuestra que el sistema no es federal y en absoluto lo va a ser, como sí se hizo en Bélgica recientemente:

En primer lugar, el No reconocimiento de los diferentes demoi. El Estado no sólo no permite la participación de los parlamentos autonómicos en las reformas del Estado, sino que participa activamente en la reforma de los Estatutos de Autonomía. A su vez, convoca elecciones a los parlamentos autonómicos para 13 de las 17 Comunidades Autónomas (las de menor tradición histórica).

En segundo lugar, el Estado permite la defensa, promoción y uso de idiomas co-oficiales en los territorios que los tengan, pero no los reconoce como propios. Este aspecto es muy relevante, al considerar que el castellano es el único que se emplea en el Estado y es el único con protección cultural. El Estado no defiende la plurinacional, no ha insistido en la oficialidad de las lenguas catalana, vasca y gallega en las instituciones europeas hasta hace relativamente poco tiempo y no se traducen documentos oficiales al resto de lenguas oficiales. En las Cortes los diputados sólo se puede emplear las otras lenguas en el Senado, pero no en el Congreso de los Diputados.

En tercer lugar, en materia fiscal el Estado sólo establece un régimen especial (foral) al País Vasco y Navarra. Con lo cual el resto de Comunidades se rigen por la voluntad redistribuidora del Estado, que transfiere un porcentaje fijo a todas las regiones (ricas y menos ricas) y una parte en inversión directa. Esta medida supone un grave problema a la hora de discutir el sistema. No se critica que se ayude al desarrollo de unas determinadas Comunidades, sino que se critica que el margen sea decidido unilateralmente por el Estado. Por otro lado, entre las regiones ricas, el ranking de PIB disponible antes y después de las transferencias refleja que hay grandes beneficiados entre las Autonomías más ricas (las dos comunidades de régimen foral), Madrid, que no pierde mucho debido al llamado “efecto capital” y “efecto sede” de las empresas públicas y administración, y dos Comunidades que bajan varios puestos en el ranking, Catalunya y las Islas Baleares. En este caso, la alternativa federal, la codecisión Estado-Autonomías, permitiría que sin reducir la redistribución se pudiera garantizar que ninguna Autonomía de las consideradas ricas pudiera perder puestos en el ranking en beneficio de otras de alto PIB.

Cuarto, el senado como cámara de representación territorial, se elige en base a representantes de las provincias, que no son entidades administrativas propiamente autonómicas, sino del Estado. En segundo lugar, en la práctica su función es la de una cámara sin capacidad de veto real (como sí ocurre en Alemania) y de representación de los intereses partidistas y no territoriales.

En definitiva, aunque todos estos temas son intrínsecos a la discusión sobre el futuro del modelo territorial del Estado Español, tras casi 30 años de democracia no se han conseguido modificar dicho modelo y en la actualidad no parece atisbarse un horizonte de cambio. Principalmente porque se trata de una materia controvertida, delicada a efectos de trasvase de votos si consideramos como referencia los dos principales partidos en el Estado: PP y PSOE. En todo caso, esta situación no hace más que generar una dualidad entre aquellos ciudadanos que consideran muy beneficioso el actual sistema y los que creen que la excesiva unilateralidad del estado (especialmente relevante es el caso de las gestión de infraestructuras del Estado) frena la potencialidad y la calidad de vida en otras autonomías. Una dualidad que puede desembocar, a mi parecer, en la generación de posiciones secesionistas no por falta de identificación con España como realidad, sino en la de España como ente político que gestiona y frena las posibilidades de desarrollo económico, social y cultural.

Por Andreu Orte
Politólogo.
Asesor de Consejo Social y Económico de Barcelona
Ayuntamiento de Barcelona.